Detenidas 75 personas, dos de Jaén, por un fraude masivo.

Entre los arrestados por el supuesto fraude en la renovación del parque automovilístico hay un vecino de la capital y otro de La Carolina.

La Guardia Civil de Ciudad Real, en el marco de la operación Preveo, ha procedido a la detención de 75 personas, entre ellas gente de Jaén. En concreto, entre los arrestados de la provincia hay un vecino de la capital y otro de La Carolina. La Benemérita también procede a la investigación de otras 29 como presuntas autoras de un fraude masivo en la solicitud de ayudas del plan PIVE. Los agentes tratan ahora de determinar la responsabilidad de otras personas en estos hechos.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2015, a raíz de la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Manifestaba que le estaban cobrando el impuesto de tracción mecánica por un vehículo que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos. La Guardia Civil detectó anomalías en la tramitación de la baja del coche. Lo había transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días. Todo ello sin consentimiento del denunciante, por lo que se llevó a cabo una inspección en ese establecimiento.

En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias irregularidades. Se intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro para su baja definitiva.

Sospecharon, pues, que con todos ellos se habrían realizado actuaciones similares a la denunciada.

Fruto del primer análisis de la documentación intervenida, los agentes pudieron constatar que los documentos de los vehículos entregados para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas para la compra de vehículos nuevos. Se beneficiaban fraudulentamente del Plan PIVE. Es un programa destinado a la renovación del parque automovilístico nacional para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba con arreglo a las bases de cada convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con una determinada antigüedad. No se exigía un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado hasta marzo de 2015. A partir de esa fecha, con el Plan PIVE-7 se requería que la titularidad fuese mínimo de un año.

Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a tomar declaración individualizada a los antiguos propietarios de los vehículos. Todos estaban convencidos de que sus vehículos habían sido dados de baja al entregarlos en el mismo. Asimismo, se cotejó la documentación intervenida con los registros en las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico en las que había sido tramitada. Se descubrió, así, que las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para realizar las transferencias habían sido falsificadas. Todo para simular la intervención de la persona que había entregado el vehículo en el desguace. Igualmente, se detectó la falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida.

Beneficio de ayudas.

El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la convocatoria vigente del Plan PIVE. Era para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.

En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los compradores a un determinado desguace para que compraran la documentación de un vehículo viejo, por las que llegaban a pagar entre 150 y 400 euros.

Una vez recopilada la documentación necesaria, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba, donde se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia para presentarlos a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, manteniendo la titularidad del comprador del vehículo usado apenas tres días, durante los que se tramitaba la solicitud de las ayudas del Plan PIVE, solicitándose la baja definitiva del vehículo posteriormente.

Operación preveo.

Entre los detenidos se encuentran 44 personas físicas que obtuvieron ayudas públicas mediante este sistema, a las que se les imputan un delito de estafa; otras 11 están relacionadas con la compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres, a quienes se les imputan también el mismo delito y en algunos casos de falsificación de documentos, y otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de gestorías, a quienes se les han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.

Las detenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Real, Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.

La Guardia Civil trata de determinar la relación de otras  personas con hechos similares a los descritos, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas (Ciudad Real) y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real.

Fuente e imagen: LaContracrónica.