Condena de 4 millones a La Carolina por una expropiación

El Ayuntamiento debe pagar por un terreno que se comprometió

Duro revés para para La Carolina. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que condena el Ayuntamiento a pagar unos 4 millones de euros por una finca que reservó, en el año 1996, para uso deportivo pero que, finalmente, no expropió. Se trata de una parcela de casi 41.000 metros cuadrados, ubicada en la carretera de El Centenillo, donde concluye el término y que va a salir bastante cara a las arcas públicas del municipio.

El fallo del Alto Tribunal andaluz, fechado a finales de abril, es consecuencia de un largo proceso administrativo y judicial que ha durado más de una década. La historia arrancó en 1996, cuando el Ayuntamiento de La Carolina, gobernado entonces por Ramón Palacios (PP), incluyó esa parcela en las normas subsidiarias como terreno de uso deportivo. Del mismo modo, se comprometía a incorporar la finca al patrimonio municipal mediante el procedimiento de la expropiación. La parcela quedó “reservada” por la Administración local, sin que su propietaria pudiera disponer de ella.

Pasaron los años sin que el Ayuntamiento se hiciera cargo de ese terreno. Así, “y ante la pasividad del ente local”, la dueña presentó una solicitud para que su finca fuera expropiada. Argumentó el artículo 140 de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que fuerza a la Administración —en este caso, el Ayuntamiento de La Carolina— a iniciar el procedimiento de expropiación. Fue en noviembre de 2006. Desde entonces, este pleito se ha dirimido en los tribunales de Justicia.

Es la Comisión Provincial de Valoraciones la que debe fijar el precio de la parcela en caso de que no haya acuerdo entre la propiedad y la administración que la expropia, como es el caso. En 2010, este organismo estableció esa cantidad en 1,51 millones de euros. Sin embargo, la dueña elevó esa cantidad hasta los 3,8 millones. Es decir, la diferencia era más que considerable. ¿Por qué? La comisión tomó como valor de referencia el coste del suelo en 2010, mientras que la propietaria argumentaba que había que tener en cuenta las “tarifas” del año 2006, cuando se inició el expediente de expropiación. Para que adoptara una decisión, ambas partes acudieron al TSJA y ahora, la Justicia acaba de darle la razón a la propietaria. Condena al Ayuntamiento a expropiar la finca de 41.000 metros y pagar por ella 2,69 millones de euros. Ese es el coste de la parcela. Sin embargo, el Ayuntamiento también tiene que hacer frente a los intereses de demora generados durante los últimos 11 años y que ascienden a 1,3 millones. En total, el coste para todos los carolinenses suma unos 4 millones de euros en números redondos.


La sentencia todavía se puede recurrir ante el Tribunal Supremo por cualquiera de las partes, aunque la nueva normativa procesal hace muy difícil que este tipo de alegaciones sean admitidas a trámite. El letrado jiennense que representa a la propietaria, Salvador Martín Valdivia, destaca la complejidad del pleito y, sobre todo, los 11 años que han tenido que pelear en los tribunales para conseguir una sentencia favorable. “Interpusimos la demanda en 2006 y, al final, hemos conseguido que se nos valore el suelo al precio que había entonces y no con la valoración que había en 2010, cuando ya había estallado la crisis y se había depreciado”, analiza. El abogado pone de manifiesto que la resolución del TSJA está bien motivada.

La alcaldesa habla de “palo muy gordo” y critica la “irresponsabilidad política”

El Ayuntamiento de La Carolina decidió que la finca de La Torrecilla se incorporara al patrimonio de suelo municipal en 1996. Entonces el alcalde era Ramón Palacios Rubio (PP), que se mantuvo en el cargo hasta 2011. “La sentencia es la consecuencia de una irresponsabilidad política cometida en aquella etapa. Es lamentable que modificara la calificación de esa parcela y la convirtiera en dotacional deportivo y,

luego, durante más de ocho años, no hiciera nada e incumpliera el compromiso”, explica la actual alcaldesa, la socialista Yolanda Reche. En este sentido, la actual regidora aclara que cuando ella llegó al Ayuntamiento en 2015, se encontró con este pleito: “Tuve que nombrar hasta al abogado para que defendiera al Consistorio. No pudimos ni presentar una valoración alternativa, porque el plazo estaba ya agotado”, se defiende. Estas críticas van ya dirigidas a su antecesor en la Alcaldía, Francisco Gallarín (PP).

Con respecto a la sentencia, Yolanda Reche asegura que se trata de “un palo muy gordo”: “No tenemos los cuatro millones de euros. Trataremos de buscar algún acuerdo con el propietario y, posteriormente, siempre que los técnicos lo permitan, intentaremos que esa parcela se convierta en suelo industrial”, concluye.

Fuente e imagen: Diario Jaén