El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) era lo último que podía perder Granada. Con el reparto de dos nuevas salas en Sevilla y Málaga –decisión que puede aún revertir el Consejo General del Poder Judicial– se consuma la no tan simbólica irrelevancia en la que está sumida una provincia venida a menos desde hace décadas y reducida a ser poco más que un precioso parque arqueológico; un escaparate sin proyección de futuro alguna.
En el reparto de competencias autonómicas, Sevilla se quedó con la capitalidad regional, además de la legislativa y la ejecutiva. Como compensación, la capitalidad judicial fue a parar a Granada. Y la capitalidad judicial era el último vestigio de la grandeza que un día tuvo el reino. No en vano, el escudo nacional se erige sobre una granada. Fue Isabel la Católica, de hecho, quien trasladó en 1505 el órgano procesal al imponente edificio de la Real Chancillería de Granada, la más antigua de España tras el cierre de la de Valladolid.
Una tormenta política
La noticia ha provocado una incipiente tormenta política. Desde el «frontal rechazo» del alcalde socialista, Francisco Cuenca, hasta la oposición de PP, Podemos o IU, sin olvidar el rechazo que han manifestado los pensadores locales. Hasta el propio presidente del TSJA, Lorenzo del Río, calificó ayer la medida de «prematura e injustificada». Y parece que la pugna por revertir la decisión de trasladar las nuevas secciones del TSJA no ha hecho más que empezar.
Según fuentes consultadas por ABC, en los próximos días se creará una plataforma para canalizar el descontento con la situación. Porque no ha calado el argumento de que así se consigue acercar la institución a los justiciables, cuando son los menos quienes tienen que desplazarse hasta Granada para los litigios.
La provincia olvidada
La falta de infraestructuras que nunca llegan, la ausencia de representantes de Granada en muchas instituciones autonómicas y la sensación de que se exprime hasta la saciedad a las tres gallinas de los huevos de oro –Alhambra, Sierra Nevada y Parque de las Ciencias– sin que los beneficios reviertan en la provincia no hace sino dar razones a la desafección de los granadinos hacia la Junta de Andalucía, siempre insaciable.
La paulatina degradación política, judicial y cultural que padece Granada es una realidad que no merece ser combatida con propaganda fútil. Más bien al contrario, se requieren gestos firmes y claros, porque, entre tanto, sigue latiendo la opción de una futurible autonomía histórica e independiente, la de Andalucía Oriental, para defender lo que a costa de Sevilla ya se ha perdido; es decir, todo. Con la Constitución en la mano, es un objetivo plausible, además de una línea de batalla suculenta para cualquier partido dispuesto a iniciar una cruzada contra la Junta que seguro contaría con el apoyo de muchos granadinos que se sienten olvidados y despreciados por la administración.
Fuente e imagen: ABC
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